La deuda ascendía a 33 millones derivados de la atención sanitaria en prisiones
La región recuperó 13,5 millones embargando al Estado dos ayudas no agotadas
La Justicia avaló esos embargos, pero Madrid sigue registrada como deudora
Enésimo tira y afloja entre Madrid y el Gobierno central. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso acusa a Pedro Sánchez de «castigar» a la región reteniendo subvenciones por valor de 2,5 millones de euros como «represalia» después de reclamar vía embargos gran parte de una deuda millonaria que el Estado tiene con el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
Según han informado fuentes de la Comunidad de Madrid a elEconomista.es, esta deuda proviene de la atención sanitaria prestada a los internos de los centros penitenciarios y asciende a más de 33 millones de euros en favor de la Sanidad pública madrileña después de que el Tribunal Supremo dictaminara en febrero de 2019 que son las prisiones quienes tienen que asumir ese coste y no el Sermas.
El Ejecutivo de Díaz Ayuso asegura que ya ha recuperado 13,5 millones de euros vía embargos llevados a cabo «ante la falta de pago por parte del Estado y del riesgo de la prescripción de las deuda». En concreto, Madrid embargó una subvención del Ministerio de Igualdad (7,7 millones) y otra del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (5,8 millones) que no llegaron a agotarse y que tenían que haber sido devueltas al Estado conforme dicta la ley.
Desde Madrid recuerdan que el Gobierno de Pedro Sánchez recurrió estas retenciones y finalmente la Justicia falló en favor del Ejecutivo regional, «en un caso validando el embargo y en el otro anulando la providencia de apremio emitida por el Estado».
Sin embargo, el asunto se ha complicado todavía más debido a que la Comunidad de Madrid figura oficialmente como entidad que no está al corriente de sus obligaciones de pago, puesto que la Intervención General del Estado aún no ha eliminado del listado de la deuda regional las dos subvenciones «legalmente» embargadas. «Así lo refleja en los certificados que emite para la tramitación de ayudas y subvenciones y al que se ciñen los ministerios para denegar las mismas», lamentan desde la región.
Por ello, el Ejecutivo de Díaz Ayuso considera que el Gobierno central está tomando «represalias» en su contra por los embargos realizados y ha bloqueado dos subvenciones clave por valor de 2,5 millones de euros destinadas a los madrileños.
Carta al Interventor General
Con el objetivo de «desbloquear la situación», la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo que dirige Rocío Albert ha enviado una carta al Interventor General del Estado, Pablo Arellano, para que «realice las actuaciones pertinentes para actualizar dicho certificado, reflejando el estado real de dichas deudas» y puedan transferirse las ayudas que le corresponden a Madrid.
En la misiva a la que ha tenido acceso elEconomista.es, el viceconsejero de Hacienda regional, Juan Revuelta González, expone al Interventor General del Estado «el perjuicio» que supone para la Comunidad de Madrid que el certificado acreditativo de estar al corriente de pago no esté actualizado.
«Desconozco la razón por la que, a día de hoy, siguen manteniéndose esas deudas en el certificado», indica el viceconsejero en el escrito, en el que remarca al Interventor General que esta situación se remonta a 2019 y «deviene del incumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo que establecen que el Estado ha de abonar la asistencia sanitaria a los presos».
Revuelta insiste en que la Ley «ha sido sistemáticamente incumplida y que, una vez ejecutada la deuda mediante embargo por la Comunidad de Madrid conforme a derecho, se perjudica a la misma privándole de la percepción de las subvenciones a las que tiene derecho al figurar en este certificado esas deudas».
Por estos motivos, el viceconsejero solicita a Pablo Arellano la actualización del certificado para que refleje el estado real de las deudas y así la Comunidad de Madrid pueda recibir las transferencias que le corresponden.
Fuente de la noticia: El Economista
