El Supremo indaga una posible caja B en Ferraz tras detectar pagos en metálico no declarados a Ábalos y su asesor
El PSOE vuelve a convivir con un déjà vu que creía enterrado. Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades en la contabilidad de algunos contratos públicos han encendido las alarmas en el partido. No sólo por el contenido de la investigación —todavía en una fase inicial y bajo secreto—, sino por lo que evoca. «Así empezó Filesa», admite con resignación un exdirigente socialista que no se cuenta entre los críticos con Pedro Sánchez.
El juez del caso Koldo ha citado a declarar en calidad de testigo al exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y a una trabajadora de la Secretaría de Organización del partido por los pagos en metálico no justificados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. Lo hace tras apreciar indicios de una caja b en la sede de Ferraz.
En una providencia, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente explica que en el último informe de la UCO «se revela la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del Partido Socialista Obrero Español en favor de don José Luis Ábalos Meco o de don Koldo García Izaguirre, que no constarían, sin embargo, por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por dicho partido político».
Según el juez, existe un desajuste entre los pagos en efectivo hallados por la Guardia Civil y los que declaró el PSOE que abonó a ambos. Por ello, llama a declarar al exgerente del partido y a Celia R., una empleada de Ferraz encargada de entregar los sobres con las supuestas liquidaciones de gastos. La providencia añade que, en algunos casos, las comunicaciones analizadas «permiten establecer una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos» en algunos casos. Las cantidades supuestamente entregadas, en suma, sólo constan en los mensajes, no en los documentos contables.
El magistrado tomará declaración a ambos testigos después de que Ábalos y Koldo García se negaran a declarar la pasada semana en el Supremo y guardaran silencio sobre los supuestos pagos en B dentro del PSOE. El objetivo es «procurar el esclarecimiento de dichos extremos y deducir, si hubiera lugar a ello, los correspondientes testimonios para su eventual investigación».
Inquietud en el PSOE
El caso Filesa, que estalló en 1991, fue el principio del fin del felipismo. Las comisiones de investigación, los sumarios judiciales y las portadas sobre financiación irregular erosionaron al PSOE hasta su derrota de 1996. Aquella trama se articuló a través de empresas pantalla creadas para financiar el partido con dinero procedente de contratos públicos. Hoy, las sospechas que rastrea la UCO apuntan también a posibles desvíos y facturas irregulares, aunque el Gobierno niega cualquier paralelismo y reivindica la transparencia de la actual dirección socialista.
La preocupación no se mide sólo en el número de imputados o en la dimensión del caso, sino en el contexto. La erosión política de un partido en el poder rara vez empieza con un gran escándalo: suele hacerlo con un goteo de pequeñas alertas, declaraciones contradictorias y silencios incómodos. En este caso, preocupa además que los indicios afecten a áreas sensibles del Ejecutivo que manejan fondos reservados o partidas con escaso control parlamentario.
La ley que regula el uso de esos fondos nació precisamente de aquel trauma. Fue aprobada en la última etapa de Felipe González, con el país en shock por los casos Roldán, GAL y Filesa. El Congreso obligó desde entonces a los ministros con acceso a gastos reservados —Interior, Defensa y Exteriores— a comparecer de forma periódica ante una comisión secreta para rendir cuentas sobre su uso. La norma buscaba restablecer la confianza en un Estado que había utilizado dinero público para fines ilegales o partidistas.
La sospecha
Aquella regulación tampoco salvó a González, pero sí marcó un antes y un después. El Gobierno de José María Aznar fue el que más veces cumplió con la obligación: entre 1996 y 1999, sus ministros acudieron al Congreso hasta cuatro veces para explicar el destino de esas partidas. En la siguiente legislatura, ya con mayoría absoluta, mantuvieron una cita anual. José Luis Rodríguez Zapatero redujo esa frecuencia a la mitad y Mariano Rajoy la mantuvo en niveles similares. Sin embargo, desde 2018, con la llegada de Sánchez a Moncloa, la ley duerme en un cajón. Ninguno de sus ministros con acceso a fondos reservados ha comparecido en estos seis años para rendir cuentas, ni siquiera a puerta cerrada.
Ese silencio administrativo añade ahora un componente político al caso. En el PSOE se resisten a aceptar que exista un vínculo entre la falta de comparecencias y los actuales desfases contables, pero algunos dirigentes reconocen en privado que la ausencia de controles puede alimentar sospechas. Los portavoces del partido, eso sí, esgrimen que los informes de la UCO no hacen sino demostrar que no hay contabilidad b.
Moncloa guarda cautela. Oficialmente, no hay comentarios sobre una investigación en curso. Extraoficialmente, el mensaje es que no existe ningún indicio de financiación irregular ni de uso indebido de fondos reservados. El problema, según admiten fuentes socialistas, es que el daño no siempre depende de la Justicia, sino del relato. Filesa no derribó al felipismo por las condenas, sino por la percepción de que el poder había perdido la medida de sí mismo.
El Gobierno sabe que no puede permitirse un desgaste moral en plena legislatura minoritaria, con los socios vigilando cada movimiento y una oposición dispuesta a convertir cualquier sombra en tormenta. El recuerdo de 1996 pesa como advertencia. Entonces, la corrupción se mezcló con la fatiga y con la sensación de que el ciclo político estaba agotado. Hoy, en un escenario distinto, el temor en el PSOE es que el eco de aquellas siglas —Filesa, Time Export, Malesa— vuelva a resonar justo cuando Sánchez intenta recomponer la confianza ciudadana tras varios años de fractura política.
Fuente de la noticia: Voz Populi
