Se estima que se necesita una inversión de 100.000 millones para cubrir el déficit de 600.000 casas en España.
Sin margen para atajar la crisis de vivienda. España arrastra un déficit de casas que superará la barrera de las 700.000 en 2027, pero la abultada deuda pública del Estado deja sin munición al Gobierno para lanzar inversiones por valor de 100.000 millones de euros. Esta es la cantidad mínima para levantar las viviendas necesarias que estiman en los departamentos financieros de algunos bancos.
La deuda pública supera el 100% del PIB y es el principal punto de vulnerabilidad de la economía española. De hecho, es el talón de Aquiles que deja a España ante el riesgo de tensiones en la prima de riesgo.
Por ello, algunos bancos, como CaixaBank y el Santander, abogan por emprender los ajustes fiscales necesarios ahora que el PIB crece a un ritmo interanual de cerca del 3%. Una advertencia que también está encima de la mesa de las grandes agencias de calificación, como S&P, Moody’s y Fitch.
“No se están tomando medidas para arreglar el problema ni en el corto ni en el largo plazo”, advirtió Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, en un reciente foro financiero. Y puso de manifiesto que la creación de hogares en España alcanza el millón desde 2020, mientras que el ritmo de construcción de viviendas no acompaña: sólo se han levantado 400.000 casas en el mismo periodo. CaixaBank es el banco con mayor cuota de mercado en España, da una de cada cuatro del sistema.
Ley de Suelo para recortar la burocracia
La deuda pública crece imparable. Lo hace al mayor ritmo desde 2020, y sin tener en cuenta el año del Covid, sería el más elevado en los últimos 12 años. En los ocho primeros meses del año, según los últimos registros oficiales, las administraciones públicas han engordado su deuda en casi 78.900 millones, lo que supone una factura de casi 10.000 millones más al mes.
Sin margen en las cuentas públicas, no hay más alternativa que recurrir al sector privado. Y en el sector financiero se apunta a un pacto de Estado para facilitar los cambios de usos de parcelas en desuso en las ciudades y en edificaciones, y agilizar el proceso de transformación urbanística modificando la Ley de Suelo, con la meta de recortar al máximo la burocracia.
“Algunas comunidades autónomas como Madrid o Andalucía han anunciado actuaciones para reducir los plazos de transformación del suelo. Su efectividad sería mayor si se pusieran en marcha en un contexto de colaboración institucional”, advertía en un reciente informe sobre el sector inmobiliario BBVA Research.
Junts vetará las medidas del Gobierno
El Gobierno insiste en que tratará de aprobar los Presupuestos para 2026, tras dos prórrogas consecutivas de las cuentas de 2023. Es decir, todavía no ha dado luz verde a unos Presupuestos en la actual Legislatura. Pero lo tendrá complicado tras el veto de Junts a cualquier medida con el sello del PSOE. En este escenario, será casi imposible que pueda destinar partidas públicas a resolver el problema de la vivienda en España.
La solución a la crisis de vivienda pasa, categóricamente, por tratar de incentivar la construcción de casas. Para BBVA Research, será clave el consenso político y la colaboración entre administraciones a nivel estatal, regional y local. Una petición que es imposible a día de hoy entre los partidos políticos, más aún con la amenaza intermitente de una moción de censura a Pedro Sánchez.
El servicio de estudios del BBVA pone cifras a la crisis habitacional. Desde 2021, el déficit de casas ha pasado de las 176.000 viviendas a las 635.000 que se espera para este año, según BBVA Research. Y el problema irá a más ante la previsión de que se desbordará la barrera psicológica de la falta de 700.000 pisos en 2027 necesarios para acoger la demanda residencial.
Fuente de la noticia: VozPópuli
