La Comunidad de Madrid ha anunciado una modificación sustancial en el reglamento de acceso a la vivienda protegida. A partir de ahora, será requisito indispensable que los solicitantes lleven empadronados al menos diez años en la región para poder optar a una de estas promociones.
Esta medida, que busca dar prioridad a los residentes de larga duración en la Comunidad, supone un endurecimiento de las condiciones de acceso. Hasta la fecha, los periodos exigidos eran menores o dependían de las bases de cada convocatoria.
Limitación por ocupación ilegal
Además del criterio de antigüedad, el nuevo reglamento introduce una restricción contundente: se limitará el acceso a la vivienda protegida a aquellas personas que hayan sido condenadas por ocupación ilegal. Con esta medida, el Gobierno regional busca garantizar que las adjudicaciones beneficien a ciudadanos que cumplan con la legalidad vigente.
Incertidumbre sobre el Plan Vive en La Montaña
Este cambio normativo genera un escenario de incertidumbre sobre los proyectos habitacionales en marcha en nuestra localidad. Actualmente, la Comunidad de Madrid está construyendo 400 viviendas en el barrio de La Montaña, situadas en la Avenida Memorial de la Paz de Hiroshima, dentro del programa Plan Vive.
Debido al anuncio regional, estas viviendas podrían verse afectadas por el nuevo cambio en el reglamento de acceso, tanto en el requisito de los diez años como en la prohibición para condenados por ocupación, si finalmente el reglamento que se ha anunciado, se aplica de forma retroactiva.
De aplicarse finalmente a esta promoción, los futuros adjudicatarios en Aranjuez tendrían que cumplir con estos nuevos filtros de arraigo y antecedentes para optar a estos alquileres.
Resumen de las nuevas condiciones:
- Antigüedad: Se fija en una década el tiempo de residencia previo en la Comunidad de Madrid.
- Sin antecedentes por ocupación: Quedan excluidos los solicitantes con sentencias firmes por este motivo.
- Objetivo: Favorecer el arraigo y asegurar que las viviendas lleguen a quienes respetan la normativa y llevan años residiendo en la autonomía.
