El decreto estrella de Sánchez se retrasa una semana para evitar posibles multas millonarias en tribunales de arbitraje
El gran anuncio de Pedro Sánchez ha entrado en el túnel de la burocracia. El embargo de armas a Israel, que el presidente prometió blindar por ley tras calificar de «genocidio» la ofensiva de Netanyahu en Gaza, se ha paralizado en un choque entre cuatro ministerios. Por un lado, Economía y Hacienda han levantado el pie del acelerador para darle más seguridad jurídica al decreto y que no abra la puerta a pleitos millonarios; por otro, Defensa, Exteriores y las carteras de Sumar presionaron para que el decreto llegara esta semana al Consejo de Ministros en los términos originales.
«Hay que acotarlo más«, repiten los técnicos de los ministerios económicos, donde recuerdan que cancelar contratos militares no es un gesto simbólico, sino un riesgo con consecuencias muy reales en tribunales internacionales. La idea es delimitar «con más precisión» qué operaciones se vetan, cómo se gestionan los contratos en vigor y qué cobertura legal tendrá cada paso.
Desde Hacienda se admite que «no es un tema fácil, el decreto, pero saldrá la semana que viene«. Lo complicado, dicen, no es tanto la voluntad política como el alcance jurídico. El texto debe abarcar la prohibición de compraventa de material militar, pero también el cierre parcial de puertos y el veto a mercancías procedentes de territorios ocupados. Y ahí está el escollo: cómo identificar esos productos cuando las aduanas no tienen un sistema previo de detección. «Una empresa pantalla nunca se controla. Es muy difícil perseguir de dónde vienen los suministros y dónde acaban», reconocen fuentes del Ejecutivo.
Porque el decreto no es sólo una declaración política. Se trata de un engranaje jurídico que toca varias leyes, reglamentos europeos y acuerdos internacionales. El ejemplo más delicado son los contratos en vigor. Defensa reconoce que lleva preparando desde junio la rescisión de más de cuarenta acuerdos con compañías israelíes dentro del llamado plan de desconexión. Pero rescindir contratos ya firmados abre la puerta a reclamaciones de las empresas y a arbitrajes internacionales. Tampoco sería la primera vez: España aún arrastra la factura de las demandas por los recortes eléctricos de hace una década.
El fantasma del CIADI, el tribunal del Banco Mundial que juzga litigios inversor-Estado, sobrevuela la operación. Varias cortes en Estados Unidos y Reino Unido han dado ya luz verde a la ejecución de laudos contra España por las renovables, pese a las defensas de inmunidad y a las advertencias de Bruselas. El precedente es amargo: sólo en junio el Gobierno desembolsó 32 millones al fondo Blasket, y en agosto y septiembre los tribunales norteamericanos han vuelto a autorizar nuevas ejecuciones. En Moncloa no quieren repetir la jugada, esta vez con contratos de armamento que superan los 1.000 millones de euros.
Los códigos imposibles
Más allá de los contratos, Economía y Hacienda ponen el foco en la trastienda aduanera. El decreto tiene que diferenciar los productos procedentes de Israel de los que llegan desde los territorios ocupados. Pero, a día de hoy, no existen códigos específicos para esa distinción. «Israel es un código, pero hay más«, señalan fuentes de la Vicepresidencia Primera, que subraya la dificultad técnica de controlar el origen real de los productos en un comercio globalizado. Un ministro crítico con la demora lo resume como «sutilezas».
Pero el problema no es baladí. Sin un sistema fiable de identificación, el embargo corre el riesgo de ser papel mojado. De ahí la insistencia en «acotar» la norma: definir qué se prohíbe exactamente, con qué herramientas y bajo qué cobertura legal. No basta con una proclama política, porque después llegan las facturas.
En Sumar no esconden la impaciencia. Reconocen que «las dificultades técnicas» adelantadas por Vozpópuli son reales, pero añaden que se podían haber sorteado con más voluntad. La coalición de Yolanda Díaz busca presentarse como el socio exigente que dobla el brazo del PSOE en el terreno de la política exterior, un espacio donde Podemos también quiere marcar perfil. La disputa interna, como siempre, se escenifica con cálculo: tensiones coreografiadas para que cada socio exhiba músculo ante su electorado.
Este miércoles, Ione Belarra presentó una denuncia por prevaricación administrativa contra el Ministerio de Economía. La formación acusa al departamento de Carlos Cuerpo de haber ignorado deliberadamente su obligación de detener el comercio y el tránsito de armas con Israel, pese a que el silencio administrativo reconoció en 2024 una petición en ese sentido. Los morados sostienen que el Gobierno ha seguido firmando contratos con empresas israelíes y sus filiales, y denuncian la «complicidad con el genocidio» del Ejecutivo, al que emplazan a aplicar de inmediato un embargo real.
Desde Moncloa, en cambio, rebajan cualquier sospecha de retraso interesado. «Nadie tiene más interés que nosotros en sacarlo la semana que viene», aseguran. La portavoz Pilar Alegría reforzó ese mensaje al término del Consejo de Ministros: «El Gobierno trabaja con absoluta convicción y determinación para aprobar ese real decreto lo antes posible». El calendario internacional acompaña. La próxima semana arranca en Nueva York el 80º aniversario de la Asamblea General de la ONU, con Sánchez y Felipe VI en la ciudad. Un escenario perfecto para exhibir el decreto en la tribuna global.
«Por aquí o por otro lado»
En el entorno del presidente repiten el mismo mantra: el embargo no es sólo prohibir compras futuras, también hay que resolver qué se hace con el inventario y con los contratos en marcha. Cancelar acuerdos firmados no te lleva al juzgado de Plaza de Castilla, sino a despachos de árbitros en Londres, Washington o París. Y ahí las indemnizaciones pueden arrastrarse durante años. «O se hace una norma solvente o no se hace», resumen fuentes gubernamentales.
El decreto, además, debe encajar con la normativa europea sobre comercio de armas, coordinarse con Exteriores para el régimen de tránsito y sobrevuelo, armonizarse con la Ley de Contratos del Sector Público para anular sin penalizar y blindarse frente a posibles arbitrajes internacionales. Una coreografía jurídica compleja que explica la prudencia con la que avanzan Economía y Hacienda frente a otros ministerios, como los de Sumar, que presionan para acabar el trabajo cuanto antes.
La paradoja es evidente. El presidente prometió un embargo total y permanente, pero los ministerios económicos advierten que, en un comercio globalizado, la efectividad es limitada. «Si no entra por aquí, entrará por otro lado», admiten las fuentes. Aun así, en Moncloa se aferran al valor político del gesto: situar a España en la vanguardia europea de la respuesta a Netanyahu y presionar a la oposición para que se defina.
El temor de fondo es que el embargo, mal planteado, acabe convertido en otro culebrón judicial como el de las renovables, por el que el Estado aún paga facturas. Cada cláusula del nuevo decreto puede ser la chispa de un pleito multimillonario. Y, entretanto, el Gobierno quiere evitar que la bandera política de la causa palestina se convierta en un bumerán presupuestario. Por eso el embargo se ha atascado.
«No por falta de voluntad«, sino por exceso de riesgos. El qué está claro: cortar la relación militar con Israel; el cómo sigue en discusión. Y, hasta que no esté bien cerrado, Economía y Hacienda no piensan soltar la pluma.
Fuente de la noticia: VozPopuli
